No aceptar el pago con medios electrónicos en aquellos comercios con «importante facturación» es visto por la Dirección General Impositiva (DGI) como un «factor de riesgo fiscal». Por este motivo, algunas semanas atrás el organismo dio el puntapié inicial a un operativo enfocado en la inspección de 50 comercios –con un volumen de venta anual de entre $5 millones y $ 25 millones- dentro de los rubros gastronómico y servicios personales.
Según la DGI, «casi el 100%» de los comercios fiscalizados tendrán que reliquidar sus impuestos. En tanto, se solicitará la clausura de cinco de ellos por haberse detectado no facturación o subfacturación».
La cantidad de POS en Uruguay se disparó; hay un 296% más que en 2011.
La ley de inclusión financiera –que entró en vigencia a mediados de 2014- alienta la utilización de plásticos, y beneficia al comprador con una quita del 4% del IVA (hasta agosto, después pasará a ser del 3%) si realiza la compra con tarjeta. El comercio no está obligado a ofrecer este mecanismo, pero su negativa es vista como una luz amarilla en el terreno del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
«En un sistema donde hay un beneficio económico para el consumidor, donde existieron incentivos del Estado para que comerciantes pudieran acceder a los POS (aparatos donde se efectúa el pago con tarjeta) y que aumenta el interés del cliente de comprar en aquellos lugares donde obtiene beneficio, no queda claro por qué algunos comercios deciden no utilizar estos medios», dijo a El Observador el director de la DGI, Joaquín Serra.
Pese a la resistencia de algunos comerciantes, la cantidad de POS en Uruguay se disparó en los últimos años. A fines de 2011 eran 13.157 en todo el país, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía (MEF). Para marzo de este año, la cantidad había trepado a 38.964, lo que muestra un 296% de aumento.
Además, esta cifra no contempla las soluciones propias existentes en algunas grandes superficies, locales de shoppings y cadenas de autoservicios, explicó a El Observador el asesor del MEF, Martín Vallcorba.
Vallcorba señaló que se ha estado analizando por qué algunos comercios todavía no tienen esta solución incorporada y que se identificó tres grandes problemas, «sobre los cuales se actuó y se crearon condiciones para facilitar el acceso». El asesor del MEF indicó que se bajaron los aranceles que los comercios debían pagar a las tarjetas; se redujo la retención de impuestos que se realiza por los pagos electrónicos en el caso de los comercios de pequeño porte; y también se instrumentó un subsidio para cubrir el costo del arrendamiento mensual del POS en el caso de los comercios chicos.
Por este último mecanismo -el subsidio es hoy del 70% del arrendamiento del POS para los pequeños comercios- el costo del aparato ronda los $ 90 mensuales.
Más allá del costo que implica aceptar plásticos, dijo Vallcorba, «el otro gran elemento que está por detrás es la informalidad». Los comercios que aceptan medios electrónicos, apuntó, están obligados a formalizar su actividad.
Dificultades
En tanto, desde la Cámara de Comercio se indicó que han alertado al gobierno acerca de las «dificultades» de poner en marcha el pago con tarjetas en los comercios chicos.
El titular de la gremial, Carlos Perera, dijo a El Observador que los más pequeños no pueden hacerse cargo del arancel que hay que abonar a las compañías de plásticos, y que el mecanismo que tiene para hacerlo es subir el precio al consumidor. Perera también apuntó que muchos comerciantes siguen usando la «libreta». «Están muy lejos del uso de esto», sostuvo Perera en relación a los POS. «Nunca vamos a estar en contra de una ley de inclusión financiera, (pero) para nosotros esta ley no cumple con ese propósito», apuntó.
Fuente: El Observador
