Llegó a Salto con la finalidad de desarrollar charlas sobre las tarjetas de crédito y sus aranceles, así como de algunas disposiciones que se aplican a las empresas hoteleras y que se consideran ilegales, el Dr. Facal se refirió a ambos temas en encuentro previo con medios de comunicación locales.
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El integrante del estudio que lleva adelante un proyecto de ley para revertir lo que consideró “una problemática importante”, estableciendo que la Ley de Inclusión Financiera actual “que obliga a los comerciantes a contratar con un banco” en lo que llamó “pseudobancarización”, para considerar que “en lugar de incluir a la población a los servicios financieros, lo que hace es tratar de obligar a los comerciantes a contratar con un banco, agrava más aún la problemática con el pago con tarjetas de crédito que las pone al mismo nivel que el papel moneda”.
Facal señaló que “estos medios de pago que son fantásticos para usuarios y comercios hace muchos años que tanto para usuarios y empresarios vienen denunciando una serie de problemas asociados al medio de pago”, considerando que “por un lado los usuarios vienen denunciando los altos intereses, el vale en blanco, hoy los seguros de vida sobre saldo deudor que nadie contrató están asociados a las tarjetas de crédito, los fraudes, la clonación de tarjetas, los robos, toda la problemática denunciada”.
Más altos de la región. Fue cuando el profesional aseveró que “el Banco Central en alguna medida ha tomado cartas en el asunto, pero los comerciantes han quedado un poco de lado. Es decir, la relación jurídica entre el emisor de tarjetas y el comercio no tiene regulación específica.
En ese sentido dijo que “los comerciantes denunciaron prácticas abusivas hace unos 5 años pero lamentablemente las denuncias no llegaron a buen puerto”, haciendo referencia al proyecto de ley mencionado al principio que regulaba el sistema integral de tarjetas de crédito, “regulaba estas prácticas que sufren los comerciantes a diario, el hecho de los contratos de las tarjetas que los ata y les imponen condiciones porque no tienen mecanismos sustitutivos en el mercado y deben aceptar tarjetas por vender”.
Entonces puntualizó que “esos contratos los someten a pagos diferidos, a altos aranceles, a discriminación por sector de actividad, a prácticas de exclusión”, poniendo el ejemplo de que “los martes y los miércoles algunos comercios tienen una promoción fantástica y otros no lo que distorsiona en mercado”.
“Pero además de distorsionar el mercado –agregó- el empresario debe trasladar los costos a alguien que no es ni más ni menos que el usuario, el consumidor final de los servicios, porque son costos imposible de soportar”, estimando que “son los aranceles más altos de la región, por lo que los comerciantes han intentado por todos los medios buscar soluciones para bajar estos aranceles”.
Traslado de aranceles. En el plano de esas soluciones, Facal dijo que una de ellas pasa por “los mecanismos legales que existen”, recordando que la Ley de Inclusión Financiera “tiene un artículo en particular que es claramente inconstitucional, porque establece que los comerciantes toda vez que aceptan tarjeta de débito o documento electrónico no pueden trasladar el costo de ese arancel al usuario ni a nadie, sino que deben establecer el mismo precio contado que con tarjeta de crédito, lo que claramente vulnera la posibilidad que el comerciante pueda optar, la autonomía de la voluntad de las partes, la seguridad jurídica”, preguntando por qué de ese arancel no se hace cargo el emisor o el Estado.
Recalcando que así “se hace pesar ese impuesto sobre la parte más débil de la relación jurídica y ello vulnera al pequeño comerciante que es el más perjudicado”, señaló, destacando que “por estas cosas estamos luchando juntos a los empresarios y comerciantes”, señalando que como profesional, asesor y docente universitario “hace varios años que venimos analizando esta situación”.
“Dentro de las prácticas denunciadas es la gran dispersión”, recalcó Facal, explicando que “ello significa que hay algunos que pagan poco y otros que pagan mucho lo que perjudica al pequeño comerciantes”, recordando que tiempo atrás “los aranceles estaban en un 10% y la lucha de comerciantes y empresarios hace 5 años que comienza con los hoteles de Punta del Este que decían no aceptar tarjetas, lo que era caer en la práctica que los propios empresarios denuncian, y hubo necesidad de salir a manifestarse”.
Intereses bancarios. “A partir de allí, lar tarjetas van a hablar con el Estado, con el gobierno, y le piden que ese proyecto no se apruebe, que ellos en acuerdo con los privados bajarían los aranceles, los que en definitiva bajaron al 4,9% en crédito y 2,9% de débito que es el tope que se tiene hoy”, afirmó más adelante Facal.
En el punto no faltó el apunte en cuanto a que “este contrato de tarjetas de crédito es un contrato de colaboración empresarial y nace para facilitar el comercio. Sin embargo hoy el negocio pasa por la tarjeta de crédito y hay muchos comerciantes que terminan trabajando para el usuario”.
Se refirió entonces a lo que tiene relación con la ganancia neta que le queda a un pequeño comerciante por la venta de una cerveza, deducido el IVA de las comisiones, el arancel, los costos administrativos y diferir los pagos es el 0,2%, por lo que hay negocios que claramente van a pérdida. La recarga de celulares genera un 3,5% de rentabilidad y cuando van a liquidar la tarjeta es un 4,9%. Entonces, el comercio en lugar de hacer un contrato facilitador, termina con que el negocio pase por la tarjeta y esa no es la idea”.
Refiriéndose al débito, Facal dice no entender como el arancel es del 2,5% cuando antes era el mismo que el crédito estimando que “más allá de ser un servicio, nos parece que el arancel es elevadísimo para una simple operación financiera que hace que se le debite directamente directamente de la cuenta al usuario, y además ese dinero queda depositado 24 o 48 horas en los bancos, y los intereses son bastante grandes”.
Muy escasa respuesta. Consultado sobre la respuesta lograda del Ministerio de Economía sobre los planteos, Facal anunció que “los empresarios no han tenido mucha repercusión”, acotando que “las respuestas técnicas que se nos han dado consideramos que son erróneas”.
“Por un lado –agregó- el Estado ha entendido que no puede regular aranceles porque es una relación entre privados y nosotros decimos que eso es erróneo porque esto no es cualquier producto sino un sustitutivo de la moneda, interviene en variables de la economía como el crédito, la moneda, el ahorro es una intermediación financiera y además está en manos de bancos, los que captan ahorro público, están trabajando con el dinero de la gente y no con dineros privados. Por lo tanto es interés general y toda vez que hay interés general el Estado interviene, pero además el Estado dice que el comerciante es libre de aceptar tarjetas”.
Fue cuando aclaró que “más allá que la ley no le imponga la obligación de aceptar tarjetas, lo que es cierto, es una falacia, porque el monopolio está concentrado en 4 ó 5 emisores de tarjetas de crédito y por lo tanto el empresario no puede no aceptar. Pero supongamos que puede no aceptar, una vez que acepta la ley le dice que no puede diferenciar contado de crédito y que el arancel lo tiene que asumir el comercio”.
Bancos y las Pymes. “Entonces las respuestas que nos han dado no son del todo positivas ni desde el punto de vista técnico ni han satisfecho a los empresarios”, señalando que “pensamos que hay un gran cuidado del negocio bancario por varias razones”. “Primero, porque esta ley de Inclusión Financiera lo que tiene de principal es la formalización de la economía, habiendo un intercambio de información con las entidades bancarias a cambio de más negocios, más clientes. En segundo lugar se han flexibilizados normas del secreto bancario que en cierta medida perjudican al inversor”.
Fue cuando hizo referencia a “la norma de secreto un poco por presiones de los organismos internacionales y entonces el negocio bancario empieza de alguna medida a no ser tan rentable para algunos inversores y pienso personalmente que el Estado está intentando proteger el negocio bancario y timoratamente no ha tomado medidas en el asunto”.
Consultado respecto al riesgo de quiebra de importante cantidad de pequeños comercios a partir de esta realidad vigente en cuanto a los aranceles dio lugar a la respuesta en cuanto a que “la prueba más evidente de ello es que los decretos reglamentarios de la Ley de Inclusión Financiera se han venido postergando y no se sabe cuando se va a poner en aplicación la ley. Creo que no saben como hacerlo”, concluyó.
Referencia: Extraído del portal La Prensa.
Fuente: www.cedu.com.uy
