Empresarios de los centros comerciales del litoral y del centro de almaceneros minoristas del Uruguay, junto a autoridades de la Dinapyme deliberaron en la víspera en Paysandú a efectos de considerar la problemática de los supermercados de grandes superficies en la región, y plantearon la necesidad de que se regule de otra forma su instalación y funcionamiento.
En la sede del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, a partir de las 11 y por unas dos horas, las delegaciones analizaron la situación, contándose con la participación del titular de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y Artesanías (Dinapymes), Pablo Villar, presidente de Cambadu, Mario Menéndez, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Miguel Feris, presidente del Centro Comercial e Industrial de Fray Bentos, Nelson Rosas, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, Jorge Ledesma, encabezando las respectivas delegaciones de sus instituciones, además de la secretaria general de la Intendencia Departamental de Paysandú, Mónica Peralta, el director general de Promoción y Desarrollo, Ruben Alvarez, el director de Turismo Andrés Mannise, y el asesor legal Martín Etchebarne.
Entre otros aspectos, hubo acuerdo respecto a convocar próximamente a un nuevo encuentro regional, no solo con participación de las delegaciones de los centros empresariales, sino con participación también de empresarios en carácter abierto, ante la gravedad del tema y la necesidad de ampliar consensos en cuanto a los planteos ante las autoridades con competencia en el tema.
Las delegaciones empresariales coincidieron en considerar que la instalación de establecimientos de grandes superficies en ciudades del litoral y en otros lugares del país, incluyendo en la vecina orilla, han tenido repercusión negativa en los pequeños comercios del lugar y también en la comunidad.
En este sentido, Jorge Ledesma indicó a EL TELEGRAFO que “hemos tenido un pormenorizado análisis y hemos llegado a entender que estamos ante un problema serio con estos emprendimientos que desembarcan en las localidades, y como tal hay que tratarlos y tratar de legislar de manera de tener en cuenta de que esta llegada provoca impacto en las empresas que quedan por el camino, lo que realmente no se evalúa en ese momento”.
Consideró asimismo que “hay acuerdo en que esta situación es compleja, y acordamos que hay que seguir trabajando en el tema, le vamos a dar forma a través de un documento que vamos a elaborar en los próximos días, para poder presentarlo públicamente y con otros actores de gobierno, y que se tome muy en cuenta para poder plasmarlo en una legislación que regule más este tipo de emprendimientos, porque realmente no se evalúa el impacto que genera en las respectivas localidades”.
Señaló a modo de ejemplo que “en 2001, en que se instaló el primer Ta-Ta, dijimos que los efectos iban a ser negativos y hoy tenemos elementos para demostrarlo, porque en 2001 el escenario que teníamos era de empresas en la localidad que hoy no están, por diferentes razones, con quiebras, transformación y ventas, en las que el más poderoso compra al de menores recursos”, entre otras consecuencias.
Fuente: Diario El Telégrafo
